Lo hicieron mediante una nota enviada a su superior, el procurador general Casal, en la que señalan que el nuevo esquema, que les otorga más protagonismo, corre el riesgo de funcionar mal si no consiguen mayor presupuesto
La transición al sistema penal acusatorio en la justicia federal, prevista para el 11 de agosto, enfrenta serias advertencias por parte de los fiscales generales de la Cámara Federal de Casación Penal. A través de una nota dirigida al Procurador General interino, Eduardo Casal, los fiscales Raúl Pleé, Mario Villar y Javier de Luca señalaron que la falta de recursos humanos, tecnológicos y materiales podría comprometer gravemente el funcionamiento del servicio de justicia en esta jurisdicción clave.
Aunque los fiscales expresaron su apoyo a la implementación del nuevo modelo procesal, subrayaron que su éxito depende de una preparación integral. En su nota, de tres páginas, destacaron que las capacitaciones realizadas hasta el momento no son suficientes si no se acompañan de una infraestructura adecuada y personal capacitado para enfrentar los desafíos que plantea este cambio estructural.
El sistema penal acusatorio, que ya opera en provincias como Salta y Jujuy desde 2019, se caracteriza por priorizar la oralidad, la publicidad y la inmediatez en los procesos judiciales. En este esquema, la fiscalía asume un rol central en la investigación y la acusación, mientras que los jueces actúan como árbitros imparciales en audiencias públicas. Sin embargo, los fiscales advirtieron que los casos que se manejan en Comodoro Py, como delitos económicos, lavado de dinero y corrupción, son significativamente más complejos que los de otras jurisdicciones.
Entre otros argumentos, los fiscales señalaron que la experiencia en Salta y Jujuy no es directamente aplicable a Comodoro Py, donde los expedientes suelen involucrar múltiples acusados, pruebas de alta sofisticación y delitos de gran envergadura. Estas características demandan una dinámica distinta y una mayor cantidad de recursos para garantizar la operatividad del sistema.
Además, los fiscales destacaron que los edificios de Comodoro Py 2002 y el de Av. de los Inmigrantes 1950, donde funcionan los fueros federal y penal económico, presentan limitaciones significativas. Es porque estas instalaciones no cuentan con el espacio necesario para las “unidades fiscales” que exige el nuevo sistema, ni con áreas adecuadas para la atención al público, como víctimas, denunciantes o querellantes.
La implementación del sistema acusatorio también requiere una infraestructura tecnológica avanzada. Según informaron los fiscales, será necesario disponer de equipos de computación interconectados de manera segura y con capacidad suficiente para registrar las audiencias, que ahora serán orales y públicas. Este cambio implica abandonar el expediente escrito, lo que representa un desafío adicional para la operatividad del sistema judicial.
Asimismo, los fiscales subrayaron la necesidad de establecer “mesas de entradas para denuncias” y espacios adecuados para la atención al público. Estas carencias, según advirtieron, podrían comprometer la calidad del servicio de justicia y generar demoras en la resolución de los casos.
El mes pasado, el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, oficializó una resolución que establece la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Cámara Federal en lo Penal. Este anuncio forma parte de un proceso más amplio de reforma judicial que busca mejorar la eficiencia del sistema penal federal, reducir los tiempos de los juicios y optimizar los recursos disponibles.
Esta reforma apunta a otorgar mayor poder a la fiscalía, que asume la dirección de la investigación y la acusación, mientras que el juez se encarga de arbitrar el procedimiento y garantizar los derechos del imputado. Además, los tiempos del proceso se acortan gracias a la oralidad y la digitalización del expediente.
El propio Cúneo Libarona señaló que este sistema se inspira en el modelo acusatorio de los Estados Unidos, conocido por su rapidez y eficiencia. El ministro enfatizó que uno de los principales objetivos de esta reforma es reducir los niveles de congestión judicial, que han afectado la capacidad de los tribunales para abordar casos complejos y de gran impacto.
