Por Maximiliano Rusconi*
VOLVER AL ESTADO DE DERECHO COMO AGENDA FUNDAMENTAL
En los últimos días los argentinos recibimos la noticia de que el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Independencia de los Jueces, el doctor Diego García Sayán, hizo lugar a una denuncia presentada por Abogados por la Justicia Social, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación Americana de Juristas e Iniciativa Justicia. A raíz de esa denuncia, el relator formuló un alarmante y duro pedido de informes al Gobierno actual sobre la existencia de un plan para presionar a magistrados y organismos judiciales. El pedido de informes elevado a la Cancillería argentina debe ser contestado en un plazo de 60 días. García Sayán, por fuera del usual estilo diplomático y del lenguaje cuidado al extremo que utiliza el organismo que integra, no se privó de dejar traslucir su preocupación al manifestar que “las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”.
En ese informe se describen actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial -el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura-, que habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; también se afirma que habrían tomado medidas disciplinarias con los magistrados que habrían dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo.
En lo que concierne al Consejo de la Magistratura, el documento sostiene que una vez conseguida por el gobierno la mayoría política, el Poder Ejecutivo habría utilizado a “la Comisión de Disciplina y Acusación para perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra sus intereses", así como también se habría hecho uso tendencioso de “la Comisión de Selección de Magistrados”.
Afirma el documento que, “con ese fin, presuntamente la Comisión habría paralizado los concursos ganados por postulantes no afines al gobierno, y habría trasladado los cargos a magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante, sin respetar los requisitos establecidos por la legislación (...) De esta forma, esos magistrados son colocados en puestos clave sin cumplir los trámites establecidos, posibilitando, presuntamente, el control por parte del gobierno".
Los puntos salientes del informe de García Sayán residen en la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema, las presiones para que la anterior Procuradora General de la Nación diera un paso al costado, y la designación ilegal de un juez con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires,
En el mismo sentido, sobresalen un conjunto de casos de selección ilegal y arbitraria de magistrados en lugares especialmente trascendentes del sistema de justicia.
También se apunta, en el sensible caso del Correo Argentino, a una presunta "manipulación de fiscales” manifestada en el desplazamiento de un fiscal penal, y los ataques contra la fiscal ante la Cámara Comercial que interviene en un expediente donde fue denunciado e investigado este tema.
Otro tanto se describe en relación con la justicia penal de la provincia de Buenos Aires, mencionándose al procurador bonaerense por haber organizado una ofensiva política contra Luis Federico Arias, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 de La Plata, y también se describe una campaña similar contra el ex titular del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de La Plata, Carlos Rozanski.
El informe también menciona presiones sobre los jueces que cuestionaron la constitucionalidad del aumento de tarifas de servicios públicos, y sobre el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que investiga una presunta red de espionaje ilegal y extorsión con funcionarios públicos, fiscales, jueces federales y provinciales, funcionarios y periodistas.
No cabe duda que este pedido de informe de las Naciones Unidas, posiblemente inédito en la historia de nuestro país, describe una realidad que de modo urgente debe ser cambiada y, claro, eso será ya responsabilidad del próximo Gobierno.
Del mismo modo en que lo hace el documento de García Sayán formularemos algunos interrogantes que posiblemente echarán algo de luz sobre la ardua tarea que debe realizarse.
En primer lugar, estaríamos lejos de sorprender a alguien si decimos que el leiv motiv del Gobierno para semejante “plan sistemático” ha sido la destrucción de un sector ideológico en la Argentina. Esa destrucción, en tiempos de Lawfare, utilizó indiscriminadamente el encierro preventivo como mecanismo de exterminio político. El resultado es evidente: un conjunto de presos políticos que han entregado cientos de salidas del sol e infinidad de abrazos de hijos, hijas, esposas, amigos y amigas, a un conjunto de funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo que se han divorciado de cualquier patrón moral.
El primer interrogante cae de maduro: ¿cómo hará el próximo Gobierno para no convivir siquiera 24 horas con esta infamia del encarcelamiento indiscriminado antes de la condena y del encierro totalitario y fachista de los opositores al Gobierno anterior?
¿Qué hará el próximo gobierno para anular el papel vergonzoso que ha cumplido el Consejo de la Magistratura al desarrollar un modelo de selección de jueces contrario a los méritos y a la integridad de cada integrante, y por asociarse como partícipe necesario a un Gobierno que, lejos de corregir algún error del pasado, ha multiplicado por mil los costos republicanos de tener un Poder Judicial que se transforma en la infantería del Poder Ejecutivo en etapas de Lawfare?
¿Qué rol imagina el Gobierno recientemente electo para el Ministerio Público Fiscal? ¿Cómo se asegurará que este organismo esté a la altura de las necesidades de un sistema acusatorio que le otorga todo el protagonismo investigativo a los Fiscales que, hoy por hoy, están más entrenados en arrancar confesiones pactando con los defensores oficiales y en mandar a los rebeldes a ser ablandados cumpliendo algunos días de prisión preventiva, que en investigar con responsabilidad y con anhelo por la verdad?
¿Qué compromisos asume el futuro Gobierno frente a las acciones que debe hacer en lo que respecta a decisiones de jueces y dictámenes de fiscales que deben ser investigadas?
¿Qué hará el Gobierno electo en relación a los pocos días que ha durado en función un ex Procurador del Tesoro, un profesor universitario de prestigio, al que nadie le preguntó la razón de su tan intempestiva renuncia? ¿Se trató o no de otro funcionario presionado ilícitamente en el marco de un caso emblemático justamente mencionado más arriba por su puntualización en el informe de las NN.UU.?
¿Qué se hará a partir del 10 de diciembre con la aniquilada, moral e institucionalmente, Oficina Anticorrupción, en manos de la no abogada pero destructora serial de principios republicanos Sra. Laura Alonso?
¿Qué hará el gobierno electo en relación a una Corte Suprema de Justicia integrada con el ridículo número de cinco miembros? ¿Se tendrá en cuenta que hay dos jueces que aceptaron ser incluidos para su nombramiento en un Decreto de Necesidad y Urgencia, y hay uno que abrazó en momentos de “riesgo” al peor juez federal que recuerde la variopinta judicatura nacional en su historia? ¿Un presidente electo abogado, jurista, con experiencia y sentido común, reparará a tiempo el problema de que una integración de cinco miembros implica la consagración de la delegación judicial? ¿Alguien repasó las especialidades de cada uno de los integrantes de esta rara (para ser sutil) Corte Suprema?
Ayudemos: un filósofo, una civilista con fuerte tendencia a la mediación, otro civilista con tendencia a los derechos del consumidor y a la responsabilidad por daño y dos constitucionalistas. ¿Alguien reparará que buena parte de los casos que tramitan ante la Corte son de índole jurídico penal y que en esta Corte no hay ningún especialista en esos temas? Pero la falta de planificación de nuestro Máximo Tribunal no queda allí: no hay especialistas en derecho internacional, derecho administrativo, derecho tributario, y tampoco en derechos humanos. Este paneo, hay que decirlo, explica muchas cosas.
¿Cuántos miembros tienen las cortes supremas en el derecho comparado?: Chile, 21 miembros; EE.UU., 9 miembros; Brasil, 11; Colombia, 23; el Tribunal Constitucional Español, 12 miembros; el Tribunal Supremo de España, un presidente del tribunal, cinco presidentes de sala y 74 magistrados, y la Corte Suprema de Justicia de Japón, 15 jueces.
En muchas ocasiones se le da tanta importancia a la especialidad que los máximos tribunales se encuentran divididos en salas. ¿Quién tendrá la razón, el resto del mundo civilizado y desarrollado o la tendrá nuestro inexplicable caos?
Gran parte de los desatinos del sistema judicial en materia penal han sido acompañados plácidamente por algunos defensores oficiales, es posible que los defensores solo se deban a los intereses del defendido (aun así habrá que ver si se ha representado bien a esos intereses), pero la conducción del organismo tiene un deber frente a los intereses generales de la sociedad. Basta con leer el art. 120 de la Constitución Nacional. ¿Cómo nos aseguramos que estos desastres no vuelvan a pasar?.
¿Se hará algo para evitar la manipulación espantosa de la competencia judicial para que cada vez que se necesite que los casos que deben ser dominados, como el caso “Nisman”, caigan en el fuero federal? ¿Qué haremos con la selección de los jueces amigables a través del forum shopping externo (ir a la sala de sorteos) o interno (preguntarle al Juez Claudio Bonadio).
¿Se hará algo con los casos que si bien formalmente han caido en cosa juzgada firme esconden sentencias enormente arbitrarias que, incluso, debieran ser investigadas a la luz del delito de prevaricato? ¿Si el caso de la cosa juzgada llamada írrita ha sido legitimado para revisar injustamente absoluciones, no debe potenciar aún más la revision de condenas injustas?
Así como algunos inversores o el conocido “mercado” han obligado al futuro presidente de los argentinos a expresarse respecto de qué valor del dólar es adecuado en nuestro país, mucho más el ciudadano de a pie, los militantes y amigos de militantes que día a día asisten al local político del barrio a preguntar cómo pueden ayudar en la pelea a favor del Estado de Derecho, los organismos de derechos humanos, que en su infinita generosidad no se olvidan de las antiguas víctimas pero ahora luchan con la misma energía por los nuevos presos políticos, merecen saber cuánto valen para el presidente electo nuestras libertades. La pregunta es sencilla, ¿haremos todo lo que hay que hacer para recuperar nuestra dignidad?
* Doctor en Derecho (UBA). Profesor titular de Derecho Penal y Procesal Penal (UBA). Profesor visitante (2012/2013) de la Universidad Autónoma de Madrid. Exfiscal general de la Procuración General de la Nación. Exsubdirector del Departamento de Derecho Penal (UBA). Miembro del Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Exmiembro de la Misión de las Naciones Unidas para la protección de los DDHH (MINUGUA). Miembro fundador e investigador permanente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de la República Argentina. Codirector del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de la Provincia de Neuquén. Miembro del Consejo Académico del Boletín del Grupo Latinoamericano de Investigación del Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Criminales de la Georg-August Universität Göttingen, bajo la Dirección del Prof. Dr. Kai Ambos. Director académico del campus virtual de la Asociación Pensamiento Penal, exsubdirector del Departamento de Penal, Procesal Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; [email protected].
